Daniel Rendón Herrera, alias don Mario.
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El Espectador

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Condenan a 21 de años de cárcel a alias 'Don Mario', por persecución a familia de Córdoba

Los investigadores establecieron que en total fueron desplazadas 26 personas de Montelíbano.

Daniel Rendón Herrera, alias don Mario, fue sentenciado a 21 años de prisión  por  el Juzgado Penal Especializado del Circuito de Montería como determinador de los delitos de dos homicidios agravados, desplazamiento forzado, extorsión agravada y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.
 
De acuerdo con la investigación, el 4 de noviembre de 2008, hombres armados que se identificaron como integrantes del grupo paramilitar Águilas Negras desplazaron al labriego Nilson Antonio Ramos Montes y a su núcleo familiar, luego de acusarlos de  colaborar con el Ejército en la  erradicación de cultivos ilícitos en el corregimiento Tierradentro, de la citada población. Los desplazados debieron abandonar la zona y sus cultivos de arroz, yuca, plátano y maíz.
 
Según la Fiscalía, dos días después su hermano José Manuel Ramos Montes recibió una llamada telefónica de la misma estructura criminal donde le exigían la suma de 200 millones de pesos y una camioneta de alta gama para no atentar contra su vida y la de su familia.
 
Ante las continuas amenazas, la víctima abandonó la zona rural y se radicó en el casco urbano del municipio, donde el 17 de febrero de 2009 fue asesinado por sicarios junto con su amigo Jáder Iván Tamayo Álvarez.
 
Después del homicidio de Jáder Iván Tamayo, su hermano Nilson Antonio y su familia continuaron recibiendo amenazas de muerte y se vieron obligados a desplazarse a Bogotá, donde fue objeto de un hostigamiento armado.
 
Los investigadores establecieron que en total fueron desplazadas 26 personas, 11 de ellas menores de edad, que pertenecen a 7 núcleos familiares.
 
Rendón Herrera, de 51 años de edad y desmovilizado del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas fue sentenciado a 508 meses de prisión,  pero se le reconoció una rebaja de la mitad de la pena impuesta por la terminación anticipada del proceso.  
 

 

 

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